El pasado 21 de marzo hice llegar a la Oficialía de parte del Congreso del Estado de Sinaloa, una carta en la que mencionaba algunas inconformidades en mi papel de Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado.

LA CÁTEDRA 

Por: Mario Kato

La principal preocupación es que no se le está dando la importancia que debería al Consejo, que es el mecanismo de participación ciudadana que tiene la Fiscalía, el artículo 29 de la Ley Orgánica, establece que debemos sesionar por lo menos una vez al mes, cosa que no ha pasado.

La nueva generación de consejeros ciudadanos tomamos protesta en marzo de 2022, fuimos cinco nuevas y nuevo miembros, desde entonces solo se ha convocado a siete sesiones cuando debió haberse convocado a trece, además de las siete convocatorias solo hubo quórum para concretar cinco sesiones.

En la segunda sesión de consejo en el mes de mayo de 2022 propuse que se hiciera un calendario tentativo para que los Consejeros Ciudadanos pudiéramos agendar y organizarnos para asistir a la sesión de cada mes, pero la fiscal se negó con el argumento que su agenda es muy dinámica.

Y es precisamente ese paradigma el que ha llevado a que el Consejo Consultivo no funcione como debería, la fiscal no ha comprendido que ella y el vicefiscal general quienes son presidenta y secretario técnico del Consejo, están obligados a sesionar ya que es parte de sus obligaciones del cargo.

Mientras que los seis consejeras y consejeros ciudadanos que somos mayoría (6), tenemos que dejar de atender asuntos laborales y personales para acudir a aportar a una mejor procuración de justicia, sin embargo, al no recibir ningún tipo de remuneración, no estamos obligados.

La fiscalía debería de ser más empática y ver por las circunstancias de los Consejeros Ciudadanos para que podamos sin el menor perjuicio posible sesionar, queremos hacerlo, hemos mostrado disposición e incluso mucha proactividad en las pocas veces que se ha podido sesionar.

Además debería ser un asunto de sentido común, ya que no existe una ley que de responsabilidades contra los ciudadanos que participan, pero sí una Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a quién más le debe preocupar cumplir con el artículo 29 debe ser quienes tienen tiene cargo y encargo en la FGE.

El Poder legislativo ya está enterado de esta situación hace un mes, y al parecer se les perdió la carta que envié o la escondieron porque al momento de escribir esta columna, las diputadas y diputados de la Comisión de Justicia no han sesionado para discutirla, mucho menos la Junta de Coordinación Política o el Pleno.

En treinta días la Oficialía de parte no ha sido capaz de hacer llegar una simple carta a quienes integran la Comisión de Justicia, o será que el Secretario General, José Antonio Ríos Rojo, ha decidido traspapelarla, espero que no.

El hecho es que hay una omisión a la Ley Orgánica del FGE, y el Poder Legislativo ya fue enterado, no actuar también es omisión.