Lo hizo de nuevo, diría el meme, Sara Bruna Quiñónez, la fiscal general de Sinaloa, realizó dos cambios estratégicos en su estructura institucional, ambos con sospechosas prisas que violentan la confianza de la ciudadanía.
LA CÁTEDRA
Por: Mario Kato
Se trata del relevo en la vice-fiscalía de la zona norte, dicha zona relacionada al caso de María Luisa, la mujer indígena que un Ministerio Público envió a prisión a pesar de haber indicios de problemas de salud mental, y a pesar de necesitar traductores para poder defenderse como marca la ley.
El segundo caso es aún más preocupante, se trata del relevo en la Fiscalía Especial Anticorrupción, el despacho encargado de investigar y judicializar el mayor de los males en las últimas décadas de nuestra vida pública.
Preocupa que a solo 18 meses de tomar en cargo se haya ido la titular, Nereyda Avilés, quien decidió jubilarse de manera abrupta, obviamente las verdaderas razones solo ella las sabe, pero dudo mucho que tengan que ver con ganas de irse a su casa a tejer chambritas.
Para colmo, su lugar fue ocupado velozmente, sin consultar a NADIE, ni al Consejo Consultivo de la FGE, ni a la sociedad civil, si acaso doña Sara, consultó a su jefe político, ese que despacha por la avenida insurgentes.
Marco Antonio Álvarez, tiene cero experiencia en combate a la corrupción, y pocos vínculos con las organizaciones de transparencia, prueba de ello, es que a estas horas ya debió publicarse un posicionamiento sobre estas inconformidades, firmado por ONGS y ciudadanos preocupados por la vida pública.
No es la primera vez que la fiscal hace nombramientos a lo bruto, y sin una justificación sólida, tan solo hace un par de meses, nombró jefe de servicios periciales a un charlatán que da discursos, mismo que tuvo que remover por la presión mediática.
“La jueza de hierro” ha resultado ser una fiscal de óxido, sin capacidad de diálogo con la ciudadanía, empezando por los miembros de su Consejo Consultivo con quienes tiene obligación legal.
Bajo su gestión la FGE no da una, se les cae los casos en los juzgados, exhibe su subordinación al gobernador sin empacho, se presta a persecución política, en fin un cochinero, que por cierto nadie en el régimen de Morena, quiere limpiar.
