El estado de Chiapas ha dado un paso significativo en la lucha contra la delincuencia al aprobar reformas que endurecen las penas para quienes cometan extorsión o practiquen el llamado “cobro de piso”.

Con estas reformas, las sanciones incluyen penas de cárcel más largas y multas económicas, además de la creación de unidades especializadas para combatir estos delitos. Las autoridades destacan que la medida es una respuesta directa al aumento de denuncias en los últimos años.

Organizaciones empresariales han aplaudido esta iniciativa, señalando que el “cobro de piso” es uno de los principales problemas que afecta la economía local. Sin embargo, también han pedido que se implementen mecanismos para garantizar la seguridad de quienes denuncien estos actos.

Por otro lado, algunos expertos advierten que el éxito de estas reformas dependerá de la capacidad del gobierno para aplicarlas efectivamente. La corrupción y la falta de recursos siguen siendo retos significativos en el sistema judicial y policial del estado.

A pesar de los desafíos, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y podría sentar un precedente para otras entidades en México que enfrentan problemas similares.