La Fiscalía General de Sinaloa se creó en 2017, con un reforma que buscaba dar más atribuciones y autonomía al organismo encargado de la procuración de justicia en Sinaloa, dentro de las novedades se incluyó un mecanismo de participación ciudadana: El Consejo Consultivo de la FGE.

LA CÁTEDRA 

Por: Mario Kato

Este consejo está conformado por seis consejeros ciudadanos que son electos por el Congreso del Estado, y para ocupar dicho nombramiento se necesita voto calificado es decir, dos tercios de los legisladores, los mismo que se pide para una reforma constitucional.

El Consejo se complementa con la Fiscal en turno, y el vicefiscal general como Secretario Técnico, estos por “ministerio de ley”, es decir, está dentro de las facultades de su cargo.
Los Consejeros ciudadanos se renuevan cada dos años, por medio de convocatoria pública que emite el poder legislativo local.

Su servidor junto con cuatro compañeras más resultamos electos como Consejeras Ciudadanas para el periodo 2022 – 2024. Lamentablemente en estos casi 12 meses de participar en dicho organismo, vemos una actitud de simulación y menosprecio por parte de los funcionarios de la FGE.

La prueba más palpable es que la maestra Sara Bruna Quiñonez, se ha negado a darnos una identificación como miembros del Consejo Consultivo, cabe señalar que la falta de este documento dificulta nuestra labor en cosas tan elementales como acceder al recinto para las sesiones.

Otra señal clara del poco interés que tiene el funcionamiento del Consejo Consultivo para la actual fiscal, es que solo se han concretado cinco sesiones en doce meses, cuando la Ley Orgánica de la FGE, establece que se debe celebrar por lo menos una sesión al mes.

No ahondaré más en este espacio en las múltiples omisiones que han tenido los funcionarios de la Fiscalía respecto al Consejo Consultivo, sólo dejaré en claro que es lamentable que un espacio de participación ciudadana, sea desdeñado con tanta ligereza.