El fondo de pensiones para el bienestar es una parte destacada de las reformas polémicas al sistema de pensiones de México, promovidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El Fondo de pensiones para el bienestar será un fideicomiso público que administrará el banco de México y que el gobierno utilizará para complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual al salario promedio mensual de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La meta es crear un fondo público utilizando aproximadamente 40.000 millones de pesos (equivalentes a unos US$ 2.351 millones) provenientes de los ahorros no reclamados de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) de personas inactivas de 70 años o más, según los cálculos del Gobierno.
Comenzó a regir el 1 de mayo de 2024, Día del Trabajo, después de que se firmara el decreto que lo instituye. l propósito de este fondo público, según el Gobierno, es contrarrestar los efectos de las reformas legales en esta área que se llevaron a cabo en 1997 y 2007.
La secretaria de gobernación anunció la apertura, a mediados de mayo, de una ventanilla única en estas instituciones para brindar asesoramiento a los trabajadores y jubilados sobre la reforma y sus ventajas.
López Obrador reiteró que el fondo no solo se financiará con el dinero que se transfiera de las cuentas inactivas de las Afores, sino que también contará con el dinero proveniente de los ahorros por la desaparición de instituciones y por la venta de bienes inmuebles en desuso del Gobierno, así como del cobro de adeudos a instituciones federales, órganos autónomos o administraciones municipales, entre otros.
El gobierno estima recibir alrededor de US$ 2.351 millones de las afores, aunque López Obrador afirmó que aún no tienen una cifra precisa de lo que obtendrán de estas otras fuentes de financiamiento.
