El comandante Marco Antonio Almanza Avilés, fue director de la Policía Estatal de Investigación hasta hace unos meses en Sinaloa. Tras ello solicitó su jubilación, y el 23 de mayo pasado el Congreso del Estado aprobó darle una pensión de 63 mil pesos mensuales.

LA CÁTEDRA 

Por: Mario Kato

Probablemente habrá una serie de artilugios para sustentar legalmente la pensión de Almanza, y muy probablemente la merezca, porque en el oficio policiaco la vida se pone en riesgo día a día.

El problema es la legitimidad social y moral de obtener una pensión tan elevada, cuando el promedio de la pensión del resto de los policías es 3 veces menor, alrededor de 20 mil pesos mensuales, y eso hablando de quienes fungieron como comandantes, ya que quienes no alcanzaron ese grado ganas aún menos.

Hay registros de policías en Sinaloa, que apenas cobran 3 mil pesos al mes, por haber arriesgado el pellejo durante 25 años de servicio, policías que heredaron un sin fin de broncas, y ahora deben “seguir su vida” sin un arma de cargo, e incluso buscando un trabajo para poder salir mes a mes de las necesidades económicas.

El agente mal habido que entra a la doble nómina rara vez se jubila, y si lo hace dudo mucho que le importe su pensión, el grueso de su riqueza vendrá del narco, y seguramente seguirá con los bolsillos llenos a costa de traicionar a la sociedad sinaloense.

¿Por qué Almanza si merece retirarse con 63 mil pesos al mes y sus colegas no? Ocupar un par de años la dirección de una corporación es suficiente para triplicar el promedio de la pensión que tienen los comandantes…

Tal vez el privilegio de Almanza, tiene su explicación en el vínculo político de su esposa, la ex candidata a la Secretaria General del STASE, María Elena de la Rocha, cuyo principal patrocinador fue el presidente del Congreso Feliciano Castro Meléndrez.

¿Es ético que un policía reciba una MEGAPENSIÓN por encima del promedio solo por tener vínculos políticos con quien ostenta el poder? Que cada quien saque sus propias conclusiones.

Mientras el señor Marco Antonio guisará con manteca por el resto de su vida, cientos de policías en retiro, viudas de policías y huérfanos de policías, siguen a la espera de que el gobernador y los presidentes municipales respeten el decreto 645, sobre la última reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece que debe haber aumento salarial cada año de un mínimo del 5 por ciento para los policías municipales y estatales y homologación salarial para jubilados y pensionadas, cosas que hasta la fecha no pasa.